SANTO TOME. En el marco del Día del Escribano, que se conmemora cada 2 de octubre, el escribano Carlos María Rojas Malgor, Delegado de Santo Tomé ante el Colegio de Escribanos de Corrientes, destacó el compromiso de quienes ejercen la profesión y el rol del notariado en la búsqueda de seguridad jurídica. También señaló que la actividad atraviesa un proceso de transformación impulsado por las nuevas tecnologías. Rojas Malgor también habló sobre los cambios tecnológicos que atraviesa la actividad notarial y se refirió al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en torno a la Ley de Tierras Rurales. Aclaró que la decisión no resolvió la cuestión de fondo.
Rojas Malgor explicó que la digitalización ya alcanza distintos trámites notariales. Como ejemplo, mencionó el sistema de legalizaciones digitales, que permite enviar documentación en formato PDF y agilizar gestiones que antes requerían trasladar papeles. Además, indicó que se trabaja para avanzar en la digitalización de certificados y pedidos de informes vinculados al Registro de la Propiedad Inmueble.
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El escribano sostuvo que estos cambios plantean nuevos desafíos para la profesión, entre ellos la incorporación de herramientas como la firma digital y la identificación biométrica. Sin embargo, remarcó que la modernización debe convivir con aspectos centrales de la labor notarial, como dar fe pública y acompañar a las personas.
“Todo cambio requiere adaptación”, señaló. También mencionó que algunas provincias avanzan en alternativas para realizar ciertos trámites desde dispositivos móviles, aunque aclaró que otros elementos, como el protocolo y el libro de firmas, todavía se mantienen en formato papel.
El debate por la Ley de Tierras Rurales
Durante la entrevista, Rojas Malgór se refirió además al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionado con la presentación del Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata (CECIM) y el artículo 154 del DNU 70/2023.
El escribano explicó que ese artículo derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, que establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y creó un registro específico para controlar esas operaciones. Según señaló, la normativa fijaba, entre otras restricciones, un máximo del 15 % de tierras en manos de extranjeros.
Rojas Malgór repasó las distintas instancias judiciales del caso y sostuvo que la Corte se pronunció sobre la legitimación del CECIM para intervenir, pero no sobre la cuestión de fondo: la vigencia del DNU y sus efectos sobre la ley. En ese sentido, subrayó que el máximo tribunal todavía no resolvió de manera definitiva el debate sobre la normativa de tierras rurales.
El escribano también mencionó que existen otras regulaciones vinculadas a la seguridad de las fronteras, aunque aclaró que no eran el eje de la discusión judicial abordada en la entrevista.
