MENDOZA. Operadores y despachantes llevaron al Congreso un proyecto para derogar artículos del DNU 70/2023. Alertan por subvaluación de cargas, pérdida de recaudación y fraude en envíos por courier.
La desregulación del comercio exterior impulsada por el Ejecutivo abrió un frente de resistencia técnica y legislativa. En un plenario ante las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados, el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) —respaldado por agentes de carga y cámaras del sector— presentó formalmente un proyecto de ley para derogar los artículos 100 y 101 del DNU 70/2023 y restablecer el texto histórico de los artículos 37 y 41 del Código Aduanero (Ley 22.415).La iniciativa persigue la restitución obligatoria de la capacitación previa, el examen habilitante y la matrícula para operar en importaciones y exportaciones, revirtiendo la figura del "declarante libre" creada por la reforma de Federico Sturzenegger.
Los fundamentos del reclamo profesional, los riesgos fiscales y sanitarios, y las irregularidades detectadas en el régimen de courier comprenden:
Desprofesionalización e inconsistencias con ARCA:
El rol del despachante: Rubén Pérez, titular del CDA, remarcó que la clasificación arancelaria y la liquidación tributaria no constituyen una simple carga de datos, sino un acto técnico que determina aranceles, IVA, certificados de origen e intervenciones sanitarias o de seguridad.
Contradicción normativa: El sector expuso una paradoja frente a las disposiciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): mientras la Resolución General 5818/26 exige certificación técnica a los apoderados (que actúan por delegación limitada), el DNU eximió de toda formación a quien despacha de forma directa.
Registro y sanciones: La propuesta busca reactivar el Registro de Despachantes de Aduana y su régimen disciplinario, funcionando como un primer filtro de control que previene litigios y aliviana las tareas operativas del Estado. Como precedente internacional, el CDA citó a Portugal, país que flexibilizó la actividad y debió retrotraer la medida tras registrar caídas de recaudación por subvaluación.
Explosión del courier y maniobras de elusión:
Disparo del 400%: Según registros atribuidos a Aeropuertos Argentina 2000, los envíos puerta a puerta crecieron un 400% en lo que va del año, canalizando operaciones comerciales encubiertas bajo el formato de muestras o pequeños paquetes personales.
Subfacturación: Se denunciaron declaraciones de mercadería por u$s 2.000 cuyo valor de mercado real trepaba a u$s 12.000, sorteando los topes de unidades permitidas. Identidades fraudulentas: Para saltear el límite legal de cinco envíos anuales por persona, se constató la utilización de CUIT de menores de edad y personas fallecidas (detectándose hasta 16 despachos bajo datos ajenos). Riesgos de seguridad y contrabando: Se advirtió por la falta de controles sobre productos prohibidos (como juguetes no homologados con químicos peligrosos) y el uso de la vía postal para narcotráfico, recordando el operativo "Oh la la", donde se interceptaron consolas y compresores cargados con cocaína hacia Europa.
Agenda de infraestructura y trabas cambiarias:
Fletes y disparidad cambiaria: La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI) reclamó revisar regulaciones cambiarias que perjudican a las empresas locales frente a navieras multinacionales para el pago de fletes.
Plataforma digital única: Se propuso desarrollar un sistema regional que trace la documentación desde el origen hasta el destino de la carga para auditar cada modificación en tiempo real.
Facilitación del comercio: Marcelo Elizondo (Cámara Internacional de Comercio) insistió en que la modernización del sistema no radica únicamente en relajar normas de acceso, sino en mejorar pasos fronterizos, activar el Comité de Facilitación del Comercio y lograr una digitalización interoperable entre organismos.
El debate legislativo pondrá a prueba la resistencia de las reformas desreguladoras frente a la demanda técnica de fiscalización en frontera, en momentos donde la recaudación aduanera y el control del tráfico ilícito representan prioridades sensibles para el Palacio de Hacienda.
Fuente: Diario Mendoza
