La sentencia N° 6/26 fue dictada por el Tribunal integrado por los jueces Jorge Alberto Troncoso, como presidente, y los vocales Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos. Intervino por la acusación pública el fiscal de juicio Oscar Cañete; la defensa estuvo a cargo del defensor oficial subrogante Edgardo Gustavo Grimberg; y en representación de la firma damnificada, como actor civil, actuó el abogado Matías José Mosca Tressens.
Según se tuvo por acreditado en el juicio, Bobbio había firmado el 4 de octubre de 2019 un contrato de consignación de venta de ganado vacuno mediante el cual recibió para su administración 1.966 cabezas bovinas propiedad de Landver S.A., integradas por toros, vaquillonas, vacas preñadas, vacas secas e invernada, que debían ser trasladadas desde el establecimiento “Buena Vista” hacia el campo “Santa Ana del Trébol”, en Curuzú Cuatiá.
El tribunal concluyó que, vencido el vínculo contractual y tras reiteradas intimaciones para la restitución del ganado o la rendición de cuentas, el acusado impidió incluso el ingreso al establecimiento cuando representantes de la empresa intentaron verificar y retirar la hacienda. Posteriormente, durante allanamientos, solo fueron hallados siete toros.
FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL
En los fundamentos, los magistrados validaron el cúmulo probatorio reunido durante la investigación, entre ellos documentación comercial, movimientos de hacienda, testimonios y pericias, para concluir que Bobbio dispuso de los animales sin autorización de sus propietarios y mediante maniobras irregulares vinculadas a documentación de traslado ganadero.
Además de la condena penal —tres años de prisión de ejecución condicional—, el tribunal hizo lugar a la acción civil promovida por Landver S.A. y ordenó una reparación económica equivalente al valor promedio de la hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas al momento del efectivo pago, más un interés puro anual del 6% desde el 23 de septiembre de 2020 hasta su cancelación.
La reparación comprende 37 toros, 213 vaquillonas de recría, 987 vacas preñadas, 540 vacas secas para entorar y 182 animales de invernada, además de las costas del proceso y los honorarios profesionales correspondientes.
Como reglas de conducta, Bobbio deberá fijar residencia y no modificarla sin autorización judicial, abstenerse de cometer nuevos delitos y evitar el consumo excesivo de alcohol y estupefacientes durante cuatro años.
El caso tuvo fuerte repercusión en el ámbito ganadero provincial y nacional por el volumen del faltante investigado y por el impacto patrimonial derivado de la maniobra acreditada judicialmente. Cabe destacar que se trata de una causa conclusiva en la que la fiscalía durante los alegatos solicitó la pena de cinco años de prisión.
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