La medida fue acompañada por fuertes cuestionamientos hacia la iniciativa legislativa, a la que calificó como "manipulación política", al considerar que el destino propuesto para los fondos implicaba desviar partidas vinculadas a servicios esenciales para la comunidad.
En su argumentación, el jefe comunal detalló la inviabilidad financiera del proyecto, al sostener que los recursos contemplados en la ordenanza no existen en términos de liquidez disponible, sino que forman parte de un esquema de compensación destinado a cubrir gastos de infraestructura crítica, particularmente en materia de alumbrado público y redes cloacales.
En ese sentido, advirtió que avanzar con la implementación del subsidio implicaría comprometer el equilibrio fiscal del municipio, afectando áreas sensibles que requieren financiamiento constante para su funcionamiento.
Asimismo, De La Cruz enfatizó el riesgo concreto que supondría cumplir con la normativa sancionada, al señalar que su ejecución dejaría a la ciudad sin capacidad de sostener servicios básicos.
Bajo esta perspectiva, el intendente sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es garantizar la continuidad de prestaciones esenciales para la totalidad de los vecinos, en un contexto que obliga a una administración estricta de los recursos disponibles y a evitar decisiones que puedan generar desfinanciamiento estructural.
CONTEXTO ECONÓMICO Y TENSIÓN POLÍTICA
El planteo del Ejecutivo municipal se inscribe, además, en un escenario económico adverso, caracterizado por una reducción significativa de los ingresos por coparticipación, estimada en un 40%, lo que, según se indicó, obliga a establecer criterios de priorización en la asignación de partidas. En este marco, el intendente subrayó la necesidad de adoptar medidas que resguarden la sustentabilidad financiera del municipio, evitando compromisos que excedan su capacidad presupuestaria.
Otro de los ejes centrales del veto fue la naturaleza jurídica de la empresa involucrada. De La Cruz remarcó que Tapebicuá es una firma de carácter privado, por lo que, en su interpretación, las obligaciones laborales derivadas de su actividad no deben trasladarse al ámbito estatal.
Finalmente, el Ejecutivo dirigió críticas al Concejo Deliberante, al que instó a actuar con responsabilidad institucional y prudencia frente a lo que describió como una "jugada política".
En ese sentido, la decisión de vetar la ordenanza fue presentada como una medida orientada a preservar el funcionamiento de los servicios esenciales y la seguridad de los vecinos, rechazando la asignación de recursos municipales a un subsidio que, según el intendente, carece de sustento financiero y compromete el interés general.
Momarandu.com
