BRASILIA. Ante pedido de reconsideración de la AGU, el Tribunal de Cuentas revocó la medida cautelar otorgada por el ministro Walton Alencar Rodrigues. El primer llamado a licitación estaba previsto para el pasado 7 de enero, pero la misma se suspendió.
La Procuraduría General de la República (AGU) logró garantizar ante el Tribunal de Cuentas de la Federación (TCU) la continuación de la subasta del puente vial binacional ubicado sobre el río Uruguay que conecta las ciudades de São Borja (RS), en Brasil, y Santo Tomé, en Argentina.
El pleno del TCU, por mayoría, revocó la medida cautelar otorgada por el ministro Walton Alencar Rodrigues y ordenó continuar con la licitación. El juicio se celebró el pasado miércoles (22/01).
La AGU argumentó ante el tribunal que las decisiones sobre la licitación y contratación del puente Brasil-Argentina son tomadas por la Comisión Mixta Argentino-Brasileña (Comab), una persona jurídica de derecho internacional público que no está sujeta a la legislación brasileña.
La AGU también señaló lo delicado de suspender la subasta en un escenario de negociaciones bilaterales, en el que cada decisión depende del consenso entre Brasil y Argentina, por lo que la decisión cautelar del ministro del TCU, de mantenerse, podría derivar en un problema diplomático con el vecino país. País.
Sin jurisdicción
En la sesión del miércoles, el ministro informante, Walton Alencar Rodrigues, propuso mantener la medida cautelar que había suspendido la licitación, pero una divergencia fue abierta por el ministro Benjamín Zymler, que reconoció que el Tribunal de Cuentas Federal no tiene competencia sobre Comab y propuso cambiar la medida cautelar en una recomendación.
Los ministros Augusto Nardes, Jorge Oliveira y Weder de Oliveira y el presidente Vital do Rêgo siguieron la divergencia. Con el resultado del juicio, la delegación brasileña en Comab buscará cumplir con las recomendaciones del TCU mediante la negociación con la representación argentina.
El ponente había señalado en su primera decisión el incumplimiento, en el procedimiento de licitación de la concesión, de la ley brasileña sobre licitaciones y contratos administrativos, planteando dudas sobre las exigencias de calificación técnica de los licitadores y los datos de tráfico utilizados para modelar el proyecto.
El papel de la AGU en el proceso se llevó a cabo a través del Departamento de Asuntos Extrajudiciales de la Asesoría General de la Unión (DEAEX/CGU) y contó con la colaboración de representantes del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
